La investigación periodística documentó que el proyecto habitacional oficial, anunciado originalmente para beneficiar supuestamente a 64 familias, se reduce en el terreno a una realidad precaria de apenas 17 viviendas.
De estas, según la denuncia, solo tres habrían recibido una intervención superficial de pintura en sus fachadas delanteras, mientras que cuatro estructuras se quedaron sin levantar.
Asimismo, el informe periodístico sacó a la luz testimonios de comunitarios de extrema vulnerabilidad, tales como el de José Darío Báez —cuya vivienda colapsó por completo sin recibir auxilio oficial— y el de Balbina de Jesús, quien sobrevive en un rancho rústico construido con zinc perforado y madera carcomida.
Amenazas y participación de un agente policial
Como retaliación directa a esta labor de fiscalización informativa, Rutan denunció que en fecha reciente se presentaron de forma intimidatoria al sector los señores Héctor Luis Bautista (vinculado al PROPEEP) y el cabo Víctor Junior Gutiérrez, miembro activo de la Policía Nacional llegaron el día 6 viernes de este mes de Noviembre a la vivienda del comunicador y lo amenazaron de formar intimidación para que no siguiera denunciaron lo antes expuesto en los medios nacionales del país.
Testigos y afectados señalan que los imputados increparon y amedrentaron al comunicador social con el evidente propósito de censurarlo, coartar su derecho constitucional a la libertad de expresión e infundir temor por haber sacado a la luz pública las precariedades y supuestas simulaciones en las ejecutorias del Estado.
La presencia de un agente de la ley utilizando su investidura para respaldar amedrentamientos particulares ha encendido las alarmas de diversos sectores sociales y gremios periodísticos de la región nordeste, quienes califican el hecho como un uso abusivo de la fuerza y una violación flagrante al artículo 49 de la Constitución dominicana, que protege la libertad de información sin censura previa.
Acción legal en curso
Ante la gravedad de los hechos, el comunicador Federico Rutan, asistido por su representación legal, ha procedido a interponer una querella formal con constitución en parte civil ante la Procuraduría Fiscal de Samaná.
El expediente jurídico califica provisionalmente las acciones de los querellados bajo los tipos penales de amenaza, intimidación, violación a la libertad de prensa y abuso de poder, exigiendo al Ministerio Público la apertura inmediata de una investigación profunda, la citación de los implicados y el sometimiento por ante los tribunales competentes para garantizar el imperio de la ley y la protección del ejercicio periodístico en la República Dominicana.
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