Los querellantes afirman que durante tres años sus denuncias por violencia, secuestro, amenazas y presuntas falsificaciones no recibieron respuesta, mientras que acciones contra representantes de la propiedad fueron tramitadas con rapidez. Solicitan una investigación disciplinaria.
Samaná, República Dominicana. Un grupo de herederos de la finca de Ramona Calcaño presentó una querella disciplinaria ante la Inspectoría General del Ministerio Público contra la procuradora fiscal titular de Samaná, Erika Jennyfer Pujols Pujols, y la fiscal adjunta Anni Concepción, a quienes atribuyen un supuesto patrón de omisión, retardo e inacción en la tramitación de múltiples denuncias relacionadas con un prolongado conflicto de tierras.
La querella, depositada el 24 de junio y recibida oficialmente el 29 de junio por el Ministerio Público, fue presentada por los abogados Bunel Ramírez Merán, Fabián Mercedes Hernández y Maribelny Vásquez Suárez, en representación de una docena de herederos que reclaman derechos sobre un terreno de más de diez millones de metros cuadrados ubicado en la parcela 5-B del Distrito Catastral No. 6 de Samaná.
Un conflicto de más de tres décadas
De acuerdo con la documentación presentada, el litigio se remonta a varias décadas. Los sucesores sostienen que sus derechos sobre el inmueble fueron reconocidos por el entonces Tribunal Superior de Tierras desde 1970 y posteriormente ratificados mediante varias decisiones de la Suprema Corte de Justicia.
Según la querella, pese a esos fallos, el terreno habría permanecido ocupado durante años por terceros, lo que dio origen a numerosos conflictos judiciales y administrativos.
Los reclamantes señalan que en agosto de 2022 el Abogado del Estado emitió una orden de protección policial para permitir el levantamiento técnico y el amojonamiento de la propiedad.
Denuncian falta de respuesta ante hechos de violencia
Uno de los principales señalamientos contenidos en la querella es la alegada falta de actuación del Ministerio Público frente a diversos hechos denunciados entre 2023 y 2026.
Los herederos aseguran haber presentado múltiples denuncias relacionadas con un presunto ataque armado contra un agrimensor durante labores técnicas, robo de cercas perimetrales, amenazas, asociación de malhechores, falsificación de documentos, suplantación de identidad y un supuesto secuestro con agresión física ocurrido en diciembre de 2025, en el que, según afirman, también habría resultado afectado un menor de edad.
Los abogados sostienen que, durante ese período, depositaron al menos nueve querellas y solicitudes de actuación tanto ante la Fiscalía de Samaná como ante instancias superiores del Ministerio Público, sin recibir respuestas motivadas en la mayoría de los casos.
Alegan un trato desigual
La querella sostiene que, mientras las denuncias presentadas por los propietarios permanecían sin avances, la Fiscalía actuó con rapidez en procesos iniciados por personas identificadas como ocupantes o vinculadas al conflicto.
Según los denunciantes, en varios de esos casos se solicitaron órdenes de arresto y medidas de coerción contra representantes de la propiedad.
Como ejemplo, citan el caso de un encargado del terreno que fue arrestado y sometido a la justicia, pero posteriormente obtuvo su libertad pura y simple luego de que el tribunal determinara que no existían elementos suficientes para sostener la acusación.
Los querellantes consideran que esta diferencia de actuación constituye una posible violación de los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad que rigen la función del Ministerio Público.
Señalan presunto uso de un documento irregular
Entre las denuncias más recientes figura una presentada el 29 de mayo de 2026 contra una persona identificada como Henri Marte García, conocido como «Revolvón».
Según la querella, habría utilizado un supuesto «Poder Pleno de Representación de los Sucesores de Domingo Calcaño» que incluiría como otorgantes a varias personas fallecidas y a otra que, siempre según los denunciantes, niega haber firmado dicho documento.
Los querellantes también le atribuyen la promoción de actuaciones judiciales dirigidas a desalojar inversionistas y proyectos inmobiliarios establecidos en la zona.
Estas acusaciones forman parte de la querella disciplinaria y no han sido comprobadas por una autoridad judicial. Su veracidad deberá ser determinada por las investigaciones correspondientes.
Solicitan investigación disciplinaria
La acción disciplinaria invoca disposiciones de la Constitución y de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11), especialmente aquellas que obligan a los fiscales a actuar con objetividad, legalidad, eficiencia y responsabilidad.
Asimismo, cita el artículo 91, numeral 10, de dicha ley, que considera falta grave retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos bajo responsabilidad del Ministerio Público.
Los querellantes solicitan a la Inspectoría General abrir una investigación disciplinaria, revisar todas las denuncias presentadas durante los últimos años y establecer si existieron actuaciones u omisiones contrarias a la ley por parte de las fiscales denunciadas.
A la espera de la posición oficial
Hasta el momento de esta publicación no consta una respuesta pública de la Procuraduría Fiscal de Samaná ni de la Inspectoría General del Ministerio Público respecto de esta querella disciplinaria.
Las afirmaciones recogidas en esta información corresponden exclusivamente al contenido de la denuncia presentada por los herederos de Ramona Calcaño. La responsabilidad de las personas señaladas deberá ser establecida, en caso de proceder, por las autoridades competentes conforme al debido proceso.
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